Fallo histórico sobre el cierre de minas en el Cesar: un avance hacia una transición energética justa
El pasado 10 de febrero, la Corte Constitucional de Colombia emitió la sentencia T-029 de 2025, que protege los derechos de las comunidades y trabajadores afectados por el cierre de las minas de La Jagua y Calenturitas en el Cesar. Este fallo exige que el proceso se realice de manera justa y con participación real de quienes han dependido de esta actividad económica.
- Diálogo y participación comunitaria
La Corte ordena a Prodeco establecer una Gran Mesa de Concertación con comunidades, sindicatos y autoridades para garantizar medidas de compensación y restauración ambiental y social. La empresa solo había realizado una reunión en 2022, incumpliendo acuerdos previos.
- Una Transición Energética Justa para todos
El cierre de minas no debe ser solo un trámite administrativo. Debe ser una oportunidad para garantizar alternativas económicas sostenibles para las comunidades afectadas.
Desde Cipame, aplaudimos este fallo y reiteramos nuestra posición de apoyo a las comunidades y trabajadores de este sector de la economía. Esperamos que la Mesa de Concertación que enuncia la sentencia, se fortalezca de manera paralela con el funcionamiento del Distrito Minero Especial del Corredor de Vida. Con más razones que nunca los trabajadores y comunidades deben tener un espacio de participación y decisión en estos mecanismos de gestión y planeación territorial planteado de manera participativa por el gobierno. ¡Es hora de que la justicia social, los derechos laborales y ambientales sean el centro de la Transición Energética!
