Transición al Día

“LA PRIMERA COMUNIDAD ENERGÉTICA SÍ LE DEJÓ GANANCIAS A LA GENTE”

Esta es una nota publicada den la pagina web » La silla vacía» el 15 de marzo de 2024.

Con fines informativos y de análisis hacemos aquí su transcripción. La nota original esta publicada en este enlace: https://www.lasillavacia.com/silla-academica/la-primera-comunidad-energetica-si-le-dejo-ganancias-a-la-gente/

Para avanzar con su prometida transición energética, el gobierno Petro le apuesta no solamente a la descarbonización de la energía, sino a su democratización. 

Una de las claves de la transición energética que propone el gobierno es abrirles paso a las comunidades energéticas. “Tenemos un oligopolio de seis grandes generadoras de energía, que prácticamente tienen por el cuello a la mayoría de la población colombiana. ¿Por qué no democratizar, entonces, la generación de la energía?”, dijo en un evento en Cauca.  

Esa democratización implica que los usuarios puedan ser también productores y comercializadores de energía, utilizando fuentes renovables, especialmente paneles solares en viviendas y comunidades. 

Para entender cómo funcionan estas comunidades y en qué va la iniciativa del gobierno, La Silla Académica habló con Juanita Giraldo Quiroz, investigadora de Transactive Energy Colombia, el Grupo de Investigación en energía de la Universidad EIA en Medellín. Es una de las coautoras del artículo “Redefiniendo las comunidades energéticas para una transición justa” y una de las investigadoras del primer proyecto piloto en Colombia de comunidades energéticas del país. 

La Silla Académica: ¿Qué podemos entender por comunidades energéticas? 

Juanita Giraldo: Una comunidad energética es, básicamente, un grupo de usuarios que gestionan, administran, generan y usan eficientemente la energía de fuentes renovables, como la solar y la eólica. Según el más reciente decreto del Ministerio de Energía que las define para Colombia, su creación no requiere la autorización de las Cámaras de Comercio y para su inscripción solo se necesita de un documento legal que las acredite. 

El gobierno recientemente sacó un registro para que las que quieran recibir apoyos se postulen. Van más de 14 mil postuladas y 16 municipios. 

Una de las claves es que las comunidades deben recibir una ganancia con esa generación. Si, por ejemplo, una empresa va e instala unos paneles solares en una comunidad cualquiera, pero siguen siendo dueños de los productos o las ganancias, no cuentan como comunidades energéticas. 

Hay una distinción clave entre comunidades autogeneradoras, que producen energía para atender su propia demanda, y las que generan excedentes de energía que le entregan a la red nacional. El proyecto del que hice parte está más interesado en evaluar la segunda opción. 

El decreto del gobierno también contempla que las comunidades energéticas pueden ser conformadas por estructuras de gobierno propias de los pueblos y comunidades indígenas, campesinas y afro, y que estas también pueden beneficiarse de recursos públicos para su operación. Aunque todavía no ha definido de cuánto sería ese beneficio. 

La Silla Académica: ¿En qué sentido son las comunidades energéticas una alternativa a cómo se genera energía hoy en Colombia?

Juanita Giraldo: Promueven una manera de ver la generación de energía que se ajusta con varios de los objetivos de la transición energética más allá de dejar los hidrocarburos. Estos son las cuatro D: descarbonización, descentralización, democratización y digitalización. 

Las comunidades energéticas descentralizan el mercado de la energía porque permiten distribuir la producción de energía en sistemas pequeños que pueden tener la misma capacidad instalada que granjas solares gigantes, pero en mil o dos mil casas, por ejemplo. Esto es bueno financieramente y para el acceso a la energía porque hacer proyectos a gran escala toma mucho tiempo por todos los riesgos que esos proyectos tienen, la inversión que necesitan y los requerimientos ambientales que piden. Eso es lo que está pasando en La Guajira y es el retraso que ha tenido Hidroituango. 

Al descentralizar no solo se disminuye el riesgo, sino que estos nuevos actores también empiezan a generar ganancias económicas. No todos los recursos los tienen los grandes jugadores, sino que los usuarios pequeños empiezan a tener beneficios por participar del sector eléctrico. Eso es lo que le gusta tanto al gobierno Petro de esa figura, que reparte las ganancias en una torta más amplia de personas.

Actualmente, más del 80 por ciento de la energía eléctrica viene de grandes y medianas hidroeléctricas en Colombia. Las comunidades energéticas, que funcionarían con energía solar, no van a cambiar sustancialmente el peso tan grande que tienen la hidráulica. Es más un experimento a pequeña escala sobre cómo pueden pensarse otras alternativas de generación. La energía solar no representa más del 3 por ciento total. 

La Silla Académica: ¿Qué tanto está desarrollado este mercado en otras partes del mundo?

Juanita Giraldo: Las comunidades energéticas no son un concepto nuevo ni un invento de este gobierno; han tenido una trayectoria gigante en Europa, por ejemplo, y de ellas se empezó a hablar en Colombia desde el gobierno Duque. Tienen orígenes desde el siglo XIX, pero en las últimas dos décadas tienen un impulso especialmente grande por ser un instrumento que avanza la transición energética. Según la Comisión Europea, en 2020 había más de 3.500 comunidades energéticas en la Unión Europea. 

En el Reino Unido, entre 2010 y 2015, se financiaron 5,000 grupos comunitarios motivados por las subvenciones públicas, y en Australia, los gobiernos locales y regionales están apoyando proyectos de impulso comunitario. En 2009 había tres proyectos. En cinco años llegaron a 45 comunidades energéticas y, actualmente, este número se triplicó. Otro modelo ha sido el de Minnesota y Massachusetts, en Estados Unidos, donde se han dado regulaciones favorables para la creación de comunidades energéticas en cooperación con empresas.

En general, las políticas públicas que más han funcionado para potenciar esas comunidades en Europa son incentivos con subvenciones energéticas, acceso al crédito y los préstamos de bajo o ningún interés. También ha sido clave la educación a través de programas de entrenamiento sobre cómo usar esas tecnologías. 

La Silla Académica: Usted hizo parte del primer proyecto piloto de comunidades energéticas en Colombia. ¿En qué consistió?

Juanita Giraldo: Fue una convocatoria internacional que nos ganamos desde la Universidad EIA. El piloto era poner a prueba los nuevos modelos de energía centrados en el usuario, es decir, las nuevas formas de generar energía que tenían al usuario como el eje principal y las nuevas formas de generar energía de forma distribuida. Saber si a las personas les interesaba o no este tipo de esquemas, cuáles eran las barreras, etc.   

Hicimos un proyecto financiado por la Real Academia de Ingeniería del Reino Unido, que puso 80 mil libras (397 millones) para la investigación. Empresas Públicas de Medellín (EPM) puso plata para la compra de equipos y otros patrocinadores de Antioquia. Estas últimas en conjunto aportaron aproximadamente 120 millones de pesos. Pero estos no serían equivalentes a los costos de montar un proyecto de comunidades energéticas, porque nosotros tuvimos muchos costos adicionales, y no pensábamos en generar rentabilidad. 

Iniciamos el proyecto en la Comuna 13 de Medellín en 2021. Ahí nos encontramos con distintos problemas porque EPM tenía un choque reputacional en la Comuna porque es la empresa que corta las conexiones ilegales y le quita la energía a las personas que no pagan. Esto hizo difícil la interacción con la comunidad, e incluso llegó un momento en el que nos quedamos sin techos para poner paneles. Las personas que habían propuesto su techo cambiaron de opinión y ya no los querían prestar.

La Silla Académica: ¿Qué pasó entonces?

Juanita Giraldo: Tuvimos que hacer una pausa y definir si el proyecto iba a continuar con otra comunidad o si teníamos que suspenderlo. Fue así como llegamos al barrio El Salvador, que pertenece a la comuna 9 de Medellín. Ahí fue más fácil la entrada porque las personas estaban más interesadas en conocer cómo los sistemas de energía solar que íbamos a instalar les ayudaba a pagar la factura de la luz. 

Allá llegamos en septiembre de 2021. En noviembre de ese año instalamos todos los sistemas solares, pero no fue sino hasta marzo de 2023, casi un año y medio después, que logramos legalizar el sistema. Se instalaron 43 paneles solares que generan aproximadamente 3 mil kilovatios/hora al mes. El proyecto se terminó en diciembre de 2023 y la comunidad por su cuenta decidió continuarlo. 

La Silla Académica: ¿De qué tamaño fue el proyecto? 

Juanita Giraldo: En la convocatoria inicial tuvimos 30 familias que se postularon. Hicimos un filtro para reducir el número a 24 por temas de presupuesto. Esa financiación sirvió para hacer la instalación de un medidor inteligente en cada casa. El medidor sirve para ver el comportamiento del consumo de energía en cada hora. Esto es diferente a cómo se mide normalmente el consumo, que se saca con la diferencia de lo que se consume entre un mes y otro, pero sin detalle sobre qué pasó durante esos treinta días.

Esa plata también sirvió para financiar la instalación de dos sistemas solares: uno de seis kilovatios y otro de 14, que registramos como generadores distribuidos. Un generador distribuido es un generador pequeño que vende toda la energía que produce y no está conectado a ninguna casa particular. Es decir, es un panel que inyecta todo lo que genera a la red de disttribución, y el distribuidor, que en Medellín es EPM, compra esa energía y la distribuye a sus clientes. 

Esos generadores los instalamos en un lugar público, y la idea fue repartir entre las 24 familias el dinero que nos pagaron por vender esa energía. No se hacía una transferencia de plata, sino que lo convertíamos en puntos a través de la plataforma de NEU, la empresa comercializadora encargada. Cada mes tenían a favor unos puntos y a la hora de pagar su factura se les restaba lo que tenían y así terminaban con una factura de la luz más barata.  

El canje se hacía en términos de dinero y no en unidades de energía producida, porque como el costo de la energía es dinámico, el costo al que les comprarían la energía podía ser menor del precio al que la vendían, y así corrían el riesgo de no ganar mucho. Por eso decidimos que lo que se ahorraran se midieran en pesos y no en kilovatios.

La Silla Académica: ¿Cuánto se ahorraron?

Juanita Giraldo: La promesa era que las familias iban a poder suplir entre el 15 y el 20 por ciento de la tarifa de la factura de energía, pero en la práctica pudieron pagar hasta el 40 por ciento e incluso hubo familias que cubrieron el 100 por ciento de sus facturas.   

También les dimos capacitaciones en temas energéticos y sobre cómo usar los equipos que les instalamos. Les enseñamos cómo leer sus facturas de energía, les dimos el medidor inteligente para acceder a la información de consumo e instalamos los paneles solares.

Incluso, aunque el proyecto de investigación ya terminó, les dimos la posibilidad de que la comunidad siguiera recibiendo beneficios con los equipos que quedaron instalados. Pero para eso se tienen que organizar como una entidad sin ánimo de lucro, es decir, como una figura jurídica para que puedan pagar un valor simbólico por la compra de esos equipos que ya quedaron instalados en el barrio. 

La Silla Académica: ¿Cuáles son los costos de implementar este tipo de proyectos? ¿Están fuera del alcance de las comunidades si no es con un apoyo externo? 

Juanita Giraldo: El tema de la financiación es complicado, conseguir plata para este tipo de proyectos es difícil y no solo para las comunidades energéticas, en específico, sino para la energía solar distribuida en general. 

Los bancos todavía no tienen muchas alternativas para financiar un sistema de estos. La financiación que dan es con créditos de libre inversión, que son los que tienen la tasa más alta de interés. No hay un sector financiero específico para las comunidades energéticas ni para los proyectos de energía distribuida.

En Alemania, el precio mínimo de participación en una comunidad energética es de $545 euros por socio. Esto es más del doble de un salario mínimo en Colombia. 

Otra barrera, en el caso del generador distribuido, es que aunque consigas la plata para comprar los equipos, la remuneración está sujeta a la exposición a la bolsa. Entonces, a pesar de que hagan el esfuerzo y monten los activos, la sostenibilidad financiera de los ingresos seguirá estando en veremos. 

La Silla Académica: ¿Qué lecciones sacó del proyecto sobre las trabas y los retos legales principales para la creación de las comunidades energéticas?

Juanita Giraldo: Las principales dificultades con las que nos encontramos tuvieron que ver con la legalización de los equipos por el esquema de generación que elegimos.

El piloto lo planteamos con un generador distribuido y no como un autogenerador a pequeña escala porque nos permitía dividir de una forma más equitativa los ingresos de los participantes. El esquema de los generadores aparentemente estaba regulado, pero como nadie lo había hecho no era del todo claro cómo operarlo. Nos vimos enfrentados a interpretar la regulación, a tocarle la puerta al operador de red, al operador del mercado y que nadie estuviera preparado para implementar un generador distribuido y no uno de autoconsumo, donde los beneficios van para una casa pero no para toda la comunidad.  

Falta ganar experiencia y estandarización del procedimiento. Nosotros abrimos camino para el generador distribuido, pero creo que los retos principales son legales y financieros para que esas comunidades arranquen. 

La Silla Académica: ¿Qué ha hecho el gobierno Petro para reglamentar a las comunidades energéticas?

Juanita Giraldo: En diciembre del 2023 salió un nuevo decreto de comunidades energéticas en el que definen varias cosas importantes. La primera es que dice qué se va a considerar como una comunidad energética. 

Lo segundo que plantea son los esquemas para generar energía. Habla de unos esquemas diferenciados de autogeneración y de generación distribuida. Esto no está reglamentado aún, pero lo lógico sería que haya unas consideraciones especiales de qué son proyectos pequeños, cuáles son las comunidades que se están uniendo y cuáles son los criterios de priorización.

Creo que precisamente lo que busca el decreto es establecer unas figuras de generación pensadas para las comunidades energéticas que permitan cerrar algunas de estas brechas y darles más seguridad en términos de instalación e ingresos que van a tener por la venta de energía. Pero hoy, si quieres montar un generador distribuido, estás absolutamente expuesto a la bolsa. Si quieren montar un autogenerador a pequeña escala, en términos de tarifa, tiene un incentivo mayor. 

La Silla Académica: ¿Qué pasos siguen para crecer las comunidades energéticas del país? 

En marzo, el Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas del Ministerio de Minas dijo que ya estaban en marcha dos comunidades energéticas: una en Media Luna, en La Guajira y otra en Terán, Nariño. Lo primero que hay que hacer es evaluar los impactos de ambos proyectos. 

En el marco de la Cumbre Energética del Caribe realizada en Sincelejo, el ministro Andrés Camacho anunció que el gobierno tiene listo un billón de pesos para estas comunidades energéticas como solución a corto plazo frente al alza de las tarifas de energía eléctrica en el Caribe. Pero todavía está por verse si realmente son una alternativa.

Desde lo institucional, lo que sigue es reglamentar el decreto. Sin reglamentación, así tú lo quieras hacer, no tienes legalmente cómo hacer una comunidad energética. Además de la reglamentación, hay que ponerla en práctica. Nosotros en teoría teníamos la reglamentación del generador distribuido hace mucho tiempo, pero en la práctica nos enfrentamos a un montón de barreras legales y demoras que nos alargaron el proyecto tres años. 

Entonces, falta que el gobierno permita que los trámites sean más fáciles, que el precio de entrada de la energía sea un poco más competitivo, y, clave, que diga qué recursos va a destinar. Hay que saber cómo se van a administrar esa plata y quiénes van a poder acceder a esta financiación. Sin esta financiación del Estado o de un privado es muy difícil que las comunidades puedan apuntarse a la generación de energía.

Ya hay interés del gobierno, de las empresas y de las comunidades, pero falta que eso se traduzca en una realidad financieramente viable para las comunidades. Por ahora falta ver cómo se lleva esa inversión a cada proyecto, pero el piloto que hicimos ya mostró que sí le deja ganancias a la gente, y que quieren seguir con él.    

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